lunes, 28 de febrero de 2011

Erotismo femenino con tarifa y riesgo


La mayoría se dedica a la prostitución para enfrentar una dura situación económica. Hay aquellas que deciden hacerlo de forma legal y otras que corren serios riesgos.


La noche enciende neones y, con ellos, deseos. La  jornada laboral está por iniciar para  Angélica -como la llaman en Body Light Exclusive- quien maquilla sus párpados con una sombra celeste y delinea sus labios con un lápiz  rojo. Se acomoda el  provocativo y corto vestido azul que ciñe su esbelta figura, mientras se observa en el espejo del baño, donde mantiene una fotografía de sus tres pequeños hijos.


Besa la foto y comenta  que su familia y sus retoños, de 9, 7 y 5 años, no saben a lo que se dedica desde que tenía 20. Angélica dejó a sus hijos en su natal Quevedo a cargo de una empleada doméstica. “Los extraño mucho, ellos son toda mi vida. Mi familia cree que trabajo en una fábrica”. Hace una semana inició en este lugar donde gana un promedio de 50 dólares diarios por hacer “puntos” (explica que así  le llaman a cada encuentro sexual que se cumple a cambio de dinero). 


Su piel canela y cabello negro llaman la atención de los clientes que visitan el lugar, ubicado en el sector La Mena 2, al sur de Quito. Luces de colores, globos rojos y cuadros de mujeres semidesnudas decoran el mediano salón donde tres hombres ríen y conversan con otras compañeras de Angélica.


Con siete años de experiencia en esta labor, cuenta que ha trabajado en prostíbulos de casi todas las provincias del país sin mayores inconvenientes. Sin embargo, considera que en la ciudad donde labora actualmente existen muchos controles discriminatorios que atentan contra su “profesión”. 


Carmita García, propietaria del establecimiento, coincide con ella al explicar que, a pesar de que cuenta con los requisitos para funcionar como un establecimiento de tolerancia, enfrentan un constante problema: la negativa del Municipio de otorgar la autorización  de uso de suelo.   


Esta situación se repite en otros locales. Uno de esos es el Café Rojo, un club ubicado en el sector del aeropuerto Mariscal Sucre, al norte de la ciudad,  donde se percibe un ambiente más sofisticado y privado; los hombres que frecuentan este lugar, en su  mayoría, son de un estrato social más elevado. 


Allí se aprecia la belleza de mujeres de nacionalidad ecuatoriana y colombiana.  Karen, una  machaleña de 35 años que tiene dos hijos de 15 y 20 años, a quienes mantiene sola, cuenta que las chicas pueden tener ingresos de entre $ 150 y $ 700  al día.


Dice tener sus documentos en regla mientras de una pequeña cartera saca su tarjeta de salud, el récord policial y la cédula. “A pesar de que presentamos  todo, recibimos un trato humillante”, asegura.
En días pasados, el alcalde de Quito, Augusto Barrera, lideró un operativo donde se realizó la clausura de ocho bares y prostíbulos que funcionaban en las principales calles de la Mariscal. Al parecer, los locales no contaban con los permisos municipales relacionados con el uso del suelo y requisitos de seguridad contra incendios. 


Según el burgomaestre, el operativo se hizo por la preocupación de la ciudadanía y el incremento de la inseguridad en la zona, ya que la mayoría de prostíbulos se encuentra cerca de locales educativos y casas residenciales.


Ante esta situación, la Comisión de Seguridad del Municipio de Quito prepara una normativa que pretende regular esta actividad, la cual estará lista para el segundo trimestre de este año.


Su presidente, el concejal Marco Ponce, señala que los locales trabajarían bajo un perímetro de seguridad manejado por los mismos propietarios para evitar la presencia de delincuentes por estas zonas. “El trabajo sexual en el país es una actividad lícita que no está penada por la ley y se halla enmarcada en los derechos de la Constitución”, añade el funcionario.


Elizabeth Molina, presidenta de la Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador (Redtrabsex), considera que, aunque no hay nada que penalice el trabajo sexual en el Ecuador, existe discriminación por parte de las autoridades de control. “Están violando el derecho al trabajo”, enfatiza, “no nos pueden criminalizar”. 
Texto Úrsula Reyes.














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